Boliden no paga Aznalcóllar

Ocurrió en la madrugada del 25 de abril de 1998, en las inmediaciones de Aznalcollar, provincia de Sevilla: un dique de contención se vino abajo y provocó la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. Esa noche, y todos los días y noches que siguieron al vertido de siete millones de metros cúbicos de residuos contaminantes (mercurio, cadmio, arsénico), el Parque Nacional de Doñana estuvo a punto de desaparecer. El río Guadiamar, afluente del Guadalquivir, y que recogió la mayor parte de los residuos, tuvo que ser desviado para evitar la catástrofe. El vertido llegó desde la presa hasta los límites del parque: 62 kilómetros y 4.634 hectáreas se vieron afectadas en mayor o menor medida.

El muro que se derrumbó propiciando el vertido formaba parte de una balsa en la que se acumulaban los deshechos resultantes de una explotación minera que extraía zinc, plata, cobre y plomo. La mina era propiedad de la multinacional sueca Trelleborg SA, que la gestionaba a través de una filial, Boliden, con sede en Ontario, Canadá. La balsa había sido construida en 1974. Desde que en 1987 Boliden comenzó a explotar la mina, el dique fue elevado desde los 47 metros que medía en su origen hasta los 65 que alcanzaba en el momento de la rotura. En la construcción de los sucesivos nuevos tramos se emplearon entre otros materiales los residuos piríticos de la propia mina.

En 1995, un Facultativo de Minas, antiguo empleado de la explotación, Manuel Aguilar Campos, presentó una denuncia ante la Junta de Andalucía en la que advertía del alarmante estado de la balsa y de la escasa capacidad de la depuradora encargada de limpiar los residuos, lo que llevaría, a su juicio, a una acumulación de material cada vez más insostenible. La denuncia no obtuvo respuesta por parte de las autoridades.

Según el informe llevado a cabo por AGADEN (Asociación Gaditana para la Defensa de la Naturaleza) al menos diez denuncias más fueron interpuestas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, la Audiencia Provincial de Sevilla, el Consejo Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz o el Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea por diversas asociaciones ecologistas, particulares y trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hoy Consejería, sin que nada cambiara en Aznalcóllar, en Boliden y en la presa.

Según el mismo informe, a lo largo de los años y hasta el vertido, los propietarios de la explotación minera y las autoridades públicas incumplieron al menos diez normativas, entre las que se incluyen la Ley del Parque Nacional de Doñana, la Ley de Aguas, la Ley de Conservación de Espacios Naturales, la Ley de Costas, la Ley 22/76 de Minas, la Ley 20/86 de Residuos Tóxicos y Peligrosos y la Directivas europeas 90/313  y 85/377 de Libertad de Acceso a la Información y Protección Ambiental, respectivamente.

Una vez controlado el vertido, comenzó la batalla legal. En agosto de 2002, el Gobierno español impuso una multa de 45 millones de euros a Boliden, que se negó a pagar. El director de comunicación de la empresa sueca, Ulf Södesrtröm llegó incluso a amenazar al ejecutivo asegurando que si persistía en su actitud desvelaría la identidad del “agente exterior” responsable de la tragedia. Ese supuesto “agente exterior”, presumiblemente una empresa subcontratada, no ha sido desvelado y no se ha abierto ninguna investigación para aclarar si realmente existe o se trata únicamente de un farol de la empresa.

El 23 de Marzo de 2004, amparándose en el artículo 81 de la Ley de Minas, la Junta de Andalucía acordó, en Consejo de Gobierno, exigir a Boliden el pagó de 89’9 millones de euros, cantidad en que se cifró el coste de limpieza de los residuos y los posteriores trabajos de rehabilitación, llevados a cabo con dinero público.

En 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a Boliden al considerar que la Junta de Andalucía no tenía competencias para exigir ninguna cantidad a la empresa sueca en concepto de reparación. La Junta recurrió al Tribunal Supremo, que acaba de hacer pública la sentencia en la que confirma el dictamen del TSJA y exime a Boliden del pago de la sanción. El argumento es el mismo: la Junta no tiene competencias y su interpretación de la Ley de Minas no es válida.

El actual consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, ha asegurado que la Junta “hizo todo” lo que estaba en su mano por evitar el desastre y que desde el ejecutivo andaluz se baraja la opción de recurrir al Tribunal de Estrasburgo.

Música, maestro.

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