Islandia: Se veía venir

Pues al final salió que no. Islandia celebró referéndum el pasado sábado por aquel lío tan gracioso de los bancos y resulta que la gente ha dicho que ni hablar. La deuda, de 3.700 millones de euros y financiada a 37 años y al 3% de interés, debe ser asumida por aquellos que la contrajeron, ha venido a decir la ciudadanía. A pesar de que el nuevo gobierno progresista hizo campaña por el sí y a pesar de las amenazas veladas de los tiburones financieros del mundo mundial, el 57’7% de la ciudadanía sigue en sus trece y se ha reafirmado en la decisión adoptada en el primer referéndum de 2010.

La primera ministra, Jóhanna Sigurdardóttit, ha declarado que los votantes han elegido la peor de las opciones. Para ella, seguramente, sí. Es más que probable que su gobierno tenga que dimitir en bloque en breve. Reino Unido y Holanda ya han hecho pública su intención de llevar a Islandia ante los tribunales europeos si el país sigue adelante en su postura de no devolver el pufo contraído por el Landbanski a raíz del caso Icesave. Ambos países sostienen que Islandia está incumpliendo la normativa del Espacio Económico Europeo al no asegurar los primeros 20.000 euros de cada depositante y al discriminar a los acreedores extranjeros frente a los islandeses. El embrollo legal es complejo y puede alargarse años y años en los tribunales.

Lo que resulta más sencillo es el panorama que la comunidad internacional pinta para Islandia de no hacer frente a los pagos. La pequeña isla no podrá financiarse en los mercados internacionales y puede ir olvidando lo de su entrada en la Unión Europea.

A partir de aquí se dibujan varios escenarios posibles. El parlamento islandés puede volver a aprobar la devolución por su cuenta y riesgo, consiguiendo que esta vez el Presidente Grímssom se abstenga de someter la cuestión a referéndum y cortando así de raíz el cuento de hadas de la llamada revolución silenciosa. Otra opción es conseguir el dinero para el pago a partir de la venta de los activos bancarios nacionalizados al comienzo de la crisis, reduciendo de paso considerablemente la cantidad a aportar por los ciudadanos. La tercera vía es declarar el país en quiebra técnica, olvidarse de los pagos y aguardar la resolución de los tribunales, una opción ciertamente arriesgada. Sea como sea, se antoja cada vez más difícil  que Islandia no abone la deuda. No vaya a ser que cunda el ejemplo.

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