Lo que pasa en Islandia

Se habla poco de Islandia. Normal, si tenemos en cuenta que se trata de una isla de reducidas dimensiones en mitad del Océano Atlántico, al noroeste según se sube desde Gran Bretaña hacia el Ártico y con apenas 320.000 habitantes. Hablamos de un país joven, que alcanzó la plena independencia en 1944 (hasta entonces había dependido jurídicamente de Dinamarca), con un clima severo, una topografía volcánica pródiga en géiseres, glaciares y volcanes, donde la población se asienta mayoritariamente en la costa y huye de las duras regiones del interior. Las huellas de los primeros pobladores islandeses son difusas. Se cree que hubo una primera colonización que llegó desde las islas británicas en el siglo VII, probablemente desde Irlanda. Después, en el siglo IX, llegaron los primeros colonos escandinavos, que se asentaron de manera definitiva en la isla, creando la mancomunidad islandesa, sostenida por el Althing, una especie de proto Parlamento, creado en el año 930. Aquellos pioneros enfrentaron erupciones volcánicas, hambrunas atroces y constantes ataques piratas. Los islandeses son gente dura.

El siglo XXI parecía propicio para la pequeña isla. Después de años de políticas neoliberales, con privatizaciones masivas, desregularización del sector bancario y adelgazamiento del Estado de Bienestar, el país experimentó un crecimiento económico sin precedentes. En 2008, era el séptimo país del mundo con mayor PIB nominal per cápita. Ese mismo año ocupó el primer puesto en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas. Y entonces llegó la crisis.

El 15 de Septiembre de 2008 Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Aquello dio pie a un efecto dominó que sacudió el mundo. Los sistemas financieros empezaron a hacer aguas. Islandia se hundió. Los tres grandes bancos comerciales del país, Glitnir, Landsbanki y Kaupthing colapsaron y se declararon en suspensión de pagos. Problema: esos tres grandes bancos se habían dedicado durante la época de bonanza a colocar bonos en el extranjero, previa bendición de las agencias de rating, y a inflar una burbuja crediticia en el país que estalló sin miramientos. El Landsbanski había creado Icesave, una cuenta de ahorro que ofrecía un interés altísimo y que triunfó masivamente en Reino Unido y Holanda. Cuando Lehman Brothers quebró y los bancos islandeses empezaron a repatriar capital, Reino Unido congeló los activos bancarios del Landbanski, que se declaró en bancarrota. Los gobiernos de Reino Unido y Holanda aseguraron el 100% de los fondos que sus ciudadanos  habían colocado en Icesave, pagaron y acto seguido pasaron la cuenta al gobierno islandés. Que veía como en Islandia, la bolsa, la moneda, los bonos  y el precio de la vivienda se hundían de manera fulgurante. A todo esto, apareció el FMI con un crédito de 2.700 millones de euros, condicionado a la aplicación de la vieja receta neoliberal: devolver el pufo contraído por los bancos islandeses en el extranjero. Esto es: pasar la cuenta a los ciudadanos. El resultado, en pocas palabras, fue que, debido a la temeridad de los bancos y a la incompetencia de los sucesivos gobiernos para ponerles freno, los ciudadanos islandeses se vieron de la noche a la mañana obligados a afrontar un plan de choque sin precedentes: tendrían que hacer frente a un pago de 3.500 millones en 15 años, con un interés al 5%, y tendrían que pagarlo entre todos. Eso viene siendo aproximadamente un tercio del total del Producto Interior Bruto del país.

El gobierno aprobó la ley que daba luz verde al proceso de socialización de las pérdidas bancarias, pero el Presidente de la República, Ólafur Ragnar Grímsson, abrumado por las constantes protestas ciudadanas cacerola en mano, se negó a acatar la ley y la sometió a referéndum. El resultado fue apabullante. El 93% de la población votó No al pago de la deuda contraída por los bancos. El gobierno presidido por Geir Haarde, de signo conservador, dimitió en bloque. Se formó un nuevo gobierno interino, en base a una coalición formada por socialdemócratas y verdes, que convocó y ganó las elecciones de Abril de 2009. Jóhanna Sigurdardothir se conviertió en la primera mujer presidenta de Islandia.

Tras el abrumador resultado del referéndum, el FMI congeló las ayudas que había concedido y la Unión Europea detuvo los trámites para la entrada de Islandia en la unión. El nuevo gobierno ha renegociado la deuda, que habrá de abonarse ahora en 37 años con un interés al 3%. El nuevo acuerdo debe ser ratificado en referéndum el próximo sábado 9 de Abril. El resultado es una incógnita.

La situación sigue siendo compleja. El país está inmerso en una crisis de deuda sin precedentes. La moneda se ha devaluado tanto que estos años se han visto circular por las calles islandesas billetes de un millón de coronas.  Pero todos los responsables de la crisis han sido perseguidos por la justicia, han perdido sus empleos y esperan juicio. Incluido Sigurdur Einarsson, presidente de Kaupthing, el mayor banco islandés, que hubo de ser nacionalizado y que asfixia aún la economía islandesa.  Hay alrededor de 160 imputados, la mayoría por el caso Icesave.

Desde el comienzo de la crisis mundial se nos ha vendido la inyección de capital público en el sistema financiero privado como una necesidad irremediable. Islandia ha demostrado que es mentira. El Estado no ha inyectado dinero público en el sistema financiero y a día de hoy Islandia sigue adelante, saliendo poco a poco del atolladero. Fuese de forma fortuita o no (algunos analistas afirman que Islandia no salvó los bancos simplemente porque no podía hacer frente a los pagos y buscó un subterfugio en el reférendum popular), la pequeña isla ha dado varias lecciones al mundo. A día de hoy, y a la espera del reférendum del próximo sábado, Islandia ha elegido una Asamblea Constituyente entre miembros del pueblo sin filiación política para que redacte una nueva Constitución que recoja las lecciones aprendidas e imponga fuertes controles al sistema bancario. Y ha aprobado un proyecto de ley para crear la denominada Icelandic Modern Media Initiative, un marco jurídico que garantice la libertad de información y el periodismo de investigación, protegiendo a periodistas y fuentes y eliminando todo rastro de censura previa.

Básicamente la lección es una: lo que afecta a todos se decide entre todos.

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